Avanza el impuesto a los celulares: Se reglamentó ayer el gravamen para financiar el deporte, aunque no se sabe todavía cuándo empieza a regir
Los abonados a servicios de telefonía celular pagarán el impuesto al deporte de alto rendimiento por el total de su factura, excepto el IVA, y no sólo por el abono o el estricto costo de las llamadas telefónicas.
La reglamentación de la ley que hizo ayer el gobierno de Cristina Kirchner aplicó el impuesto del 1% a los servicios “de radiocomunicación móvil celular (SRMC), de telefonía móvil (STM) y de comunicaciones personales (STM) y de cualquier otra índole similar que pudieran crearse en el futuro”.
El tributo se aplicará, según la ley, sobre el abono. Pero la reglamentación precisó que como tal se entiende el “monto que se factura a los clientes por cualquier concepto -excepto únicamente el impuesto al valor agregado (IVA)-, con motivo de los servicios brindados por las empresas de telefonía celular por servicios de telecomunicaciones, bajo cualquiera de las modalidades previstas”.
Los únicos expresamente exceptuados son aquellos que tiene servicios de celulares prepagos, pero sólo los que no reciben facturas.
La redacción tan amplia deja gravados toda clase de cargos que se apliquen, es decir, abonos por servicios de datos o de Internet, mensajes de texto de todo tipo y cargos variables por consumo e incluso penalidades, como los cargos de reconexión por corte de servicios ante la falta de un pago. Claramente, la reglamentación del artículo 39 de la ley 26.573 por parte del decreto 583 considera “abono” a todo lo que se paga en la factura de los servicios de las empresas celulares, con una interpretación tan amplia que incluso otros impuestos o tasas podrían ser objeto de la imposición, ya que están incluidos en la factura y la ley del gravamen no los excluye.
Por ejemplo, las facturas emitidas en la ciudad de Buenos Aires están alcanzadas por impuestos internos. Fuentes del sector apuntaron que “el concepto de abono quedó muy amplio. Se incorporó todo. Si bien nunca se aclaró con detalle que era el abono, tampoco se mencionó que entraría hasta la transmisión de datos por Internet”. La reglamentación no contiene referencias a los plazos de implementación. Hasta anoche, en las empresas no sabían cuándo empezaba a regir el aumento y fuentes de las operadoras reconocieron que “los abogados están analizando los textos. Todavía no se sabe nada”.
En una de las compañías especularon con que “habrá que esperar a que se abra la cuenta en el Banco Nación en primer lugar. De ahí se verá; por el momento no sabemos nada, es todo muy reciente”.
En la Comisión Nacional de Comunicaciones, el organismo encargado de regular y controlar la prestación de servicios de telecomunicaciones, tampoco supieron responder sobre la cuestión.
Pronóstico no cumplido
La ley 26.573 fue sancionada el 2 de diciembre de 2009, promulgada el 21 del mismo mes, creó el Ente Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (Enard) y le asignó como principal fuente de financiamiento permanente el impuesto a los celulares (a recaudarse en una cuenta del Enard en el Banco Nación) y sus servicios. El resto son donaciones y subsidios. No hay un aporte público presupuestario permanente.
La aparición del ente y del impuesto fue la clara muestra de que toda la argumentación oficial respecto del Futbol para Todos fue, como mínimo, equivocada.
La presidenta Cristina Kirchner y el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, aseguraron que el Estado ganaría dinero, pese a que le pagaría 600 millones de pesos anuales a la AFA en lugar de los 200 millones que abonaba TyC. La Presidenta y Fernández prometieron que, aunque los partidos se emitirían por la televisión abierta, el Estado obtendría tanta ganancia por la publicidad que sobraría dinero para financiar al deporte olímpico y darle algo más todavía a la AFA.
Esos anuncios se hicieron en la segunda quincena de agosto, pero en el segundo día de diciembre ya había una ley en vigor que previó que el Fútbol para Todos sería un nuevo rojo para las arcas públicas y que para financiar al deporte olímpico había que buscar recursos en otra parte.
Fuente: La Nación
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